Que no se autorice la venta de NCG BANCO a BANESCO, que está pendiente informe Comisión sobre la Competitividad de la U.E.

Que tienen noticia de que a la misma corresponde determinar si la operación de venta del denominado Novagalicia Banco (entidad surgida de la fusión de las Cajas de Ahorro gallegas) se ajusta a la normativa europea establecida por el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE).
Que se consideran con el derecho y la obligación de aportar información respecto a la evolución de un proceso que, según el entender de los demandantes, ha vulnerado normas respecto a la competencia entre entidades de servicios FINANCIEROS, siendo la culminación de una conspiración para controlar el precio a pagar, absorbiendo de forma subversiva entidades competitivas legalmente establecidas, usurpando sus patrimonios y destruyendo estructuras de utilidad pública, con claro perjuicio de los intereses del bien común.
Consecuentemente, y para que esa Comisión disponga de los elementos necesarios para llegar a conclusiones ajustadas a derecho, con el presente documento se envían copias auténticas de documentos que se han presentado ante las autoridades españolas, formulando denuncias y reclamaciones, que no fueron atendidas, lo que indica que se ha incurrido en negligencia y falta de eficacia, sino en corrupción, prevaricación y conspiración para someter a la sociedad en su conjunto a una dictadura basada en la manipulación de las normas sobre economía, constreñidas a una búsqueda del máximo beneficio conseguido a partir de un oligopolio omnipresente y subversivo, al margen de cualquier derecho democrático de las personas.
Entendemos que la venta efectuada no puede ser reconocida como válida, toda vez que tanto la fusión entre ambas Cajas gallegas como su posterior conversión en banco privado, han sido decisiones tomadas por los órganos de gobierno de las mismas, constituidos irregularmente y sin garantías democráticas, a la medida del complot que aquí se denuncia, prescindiendo de la participación de los teóricamente representados en dichos órganos:
Clientes, trabajadores, entidades fundadoras y de carácter social, que en ningún momento fueron informados ni consultados respecto a la situación real de las entidades, ni de las posibles alternativas o soluciones a aplicar, en caso de que fuera real una crisis que a todas luces fue provocada para culminar la actual situación.
Viendo la evolución del sector financiero en los últimos 20 años, que ha reforzado su carácter especulativo evolucionando descaradamente hacia un oligopolio, en detrimento de su función de servicio público, parece evidente que la operación no es una simple transacción comercial, sino que es el comienzo de la ejecución de un plan para acumular el poder económico en detrimento de los derechos y libertades de las personas, buscando incrementar ese poder para reforzar su capacidad de ningunear a los representantes elegidos democráticamente, sujetos a la dictadura de una economía estructurada para el beneficio de los manipuladores de fondos (ajenos) depositados por personas y entidades, a las que no se les da participación en la toma de decisiones que les conciernen directamente.
Los puntos principales y más destacados de la conspiración realizada para la consecución de objetivos espurios, son los siguientes:
• Connivencia de financieros y organizaciones políticas para legislar (al margen o contradiciendo promesas electorales) de forma en que la libertad de circulación de capitales, las normas de buenas prácticas bancarias, el control y revisión de las operaciones financieras dejen de cumplir sus fines de servicio a la sociedad en todas sus facetas, reconvirtiéndolos en factores de especulación y dominio del mercado financiero, incluso en elementos de fraude fiscal.
• Vulnerar los derechos de “libre competencia” aprovechándose de un “mercado cautivo” en el que un servicio público se convierte en una carga para las personas y PYMES sometidos a un oligopolio que ha culminado con la absorción de las Cajas de Ahorro que gestionaban en torno al 50% de los depósitos bancarios, desde una perspectiva de servicio público, sin ánimo lucro, que pronto fue desactivado gracias a la complicidad de políticos y medios de comunicación.
• Alterar las normas establecidas para el funcionamiento de las Cajas de Ahorro, desmantelando los organismos oficiales para su vigilancia y control, sustituyendo las directrices por recomendaciones para la adopción de maneras y formas orientadas a la especulación y explotación abusiva de los recursos financieros, permitir el deterioro de los procesos de formación de sus órganos de gobierno, al frustrar los procesos democráticos de participación popular en su configuración.
• La resolución de los contratos de algunas de las personas responsables de la deriva de las entidades como ejecutivos de las mismas, compensados con pingües indemnizaciones según acuerdos tomados en plena crisis, evidenciando la intención de silenciar testimonios y ganar voluntades, en ausencia de unos Consejos de Administración y Comisiones de Control que, ninguneados (les correspondía la teórica responsabilidad de decidir las medidas a tomar) no figuran como imputados, ni perjudicados, ya que ninguna persona, de las integradas en los mismos, ha manifestado opinión o justificación de sus participaciones en el todo el proceso, salvo alguna persona que, excepcionalmente, lo haya hecho de forma poco notoria.
• El precio final pactado, muy inferior a la aportación efectuada para el “rescate” pero que, además, apenas puede representar un 10% del valor de los inmuebles propiedad de las extintas Cajas de Ahorro, siendo además incalculable el valor del “fondo de negocio” que se pasa a controlar. Es evidente que el beneficiario de esta operación ha conseguido ser el único ofertante porque los realmente artífices de la conspiración prefieren mantenerse en la sombra, en función de un pacto que sólo es posible al amparo de un anonimato inadmisible por la trascendencia del mismo, pues no parece exista ninguna condición en el contrato de la transacción que obligue al adquiriente a mantener la propiedad y gestión durante un mínimo de tiempo, o a transferir parte de los posibles beneficios obtenidos de una posterior venta, si los mismos superan un límite determinado.
• NUNCA se llamó a declarar ante las distintas comisiones de investigación, a la totalidad de los componentes de los Órganos de Gobierno de las Cajas (sólo a sus presidentes), cuando las decisiones que se tomaron y supusieron llegar a la situación actual, es de su responsabilidad. Además, dicha representación (que se revela como irregular, dado que no cumplieron con su función de representar a la ciudadanía, y además de la falta de garantías democráticas en su elección) ahora desaparece, sin una alternativa al derecho de participación de los beneficiarios de las Cajas, ya que, en lugar del necesario saneamiento de dichas instituciones, ahora las mismas desparecen, sin alternativa válida.
Es evidente una vulneración de los derechos de las personas que participaban de alguna manera en las Cajas de Ahorro, ya que las mismas eran controladas por representantes electos que ahora desaparecen, sin ninguna alternativa o mantenimiento de esas funciones, que en una gestión financiera son fundamentales.
Es decir, cuando lo lógico y deseable es que las entidades financieras (privadas o públicas) que administran fondos ajenos sean transparentes en sus operaciones, dando información y voz a las personas afectadas (clientes, trabajadores propios y entidades sociales), la evolución va en sentido contrario, suprimiendo las Cajas de Ahorro que sí cumplían esas propuestas. (Al menos en teoría porque precisamente, en el acoso al que fueron sometidas las Cajas para forzar su reconversión en bancos especulativos, fue lo primero que desmantelaron, en lugar de mejorar la democracia en la elección de cargos representativos).
No se puede admitir que una Caja de Ahorros patrocine su propia competencia, vaciándose de contenido, renunciando a cumplir los objetivos que justificaron su fundación, en una estrategia financiera basada en la prestación de un servicio público sin ánimo de lucro.
Las normas para garantizar la libre competencia no sólo deben referirse a los derechos de los concurrentes como ofertantes sino también, y principalmente, a los derechos de los usuarios y consumidores, en cuyo beneficio debe darse preferencia a que se impida que se creen oligopolios y se destruya y se ataque a entidades con estrategias distintas, pero legales y reguladas según el interés común, adecuadas a un desarrollo social sostenible.
Es, por todo ello, que se le reclama la atención de resguardo público ante la citada operación financiera, esperando de la misma el informe de competencia que restablezca y adecúe los términos de una operación financiera salvaguardando los derechos de las partes, principal y fundamentalmente los el interés socialmente compartido de la presencia activa de las Cajas de Ahorros.