Que el gobierno de Costa Rica y las instituciones competentes legalicen los transportes privados en Costa Rica, para poder utilizar la aplicación UBER como transporte oficial sin tener miedo a los ataques y represalias de los taxistas.
Asimismo, que se busque una manera de proteger a los conductores y pasajeros que utilizan el servicio actualmente, para evitar más ataques violentos