Aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa México
Bucaramanga, Colombia, octubre de 2014.
Académicas y académicos de la Universidad Industrial de Santander en unión con el Observatorio de DDHH de la Comunidad civil y académica de Latinoamerica.
¡EXIGIMOS LA APARICIÓN CON VIDA DE LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA!
El día 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, tres estudiantes y cuatro ciudadanos fueron asesinados. Asimismo 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron desaparecidos. Los primeros días las autoridades no ofrecieron explicación alguna, ni indicios de una investigación, provocando una confusión que se mantiene hasta hoy.
Pese a la obstrucción que se ha realizado ilegalmente en la Justicia, con amedrantamiento a los testigos, han ido apareciendo serios indicios de Violaciones a los Derechos Humanos y Crímenes de Estado, como son ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que ven implicancia por parte de elementos de la fuerza pública, bajo la dirección del Presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca, ahora prófugo de la justicia en complicidad con el grupo delictivo Guerreros Unidos y con una desconcertante pasividad, como testigo directo de los hechos y violaciones, del Ejército Mexicano.
El Gobernador del Estado de Guerrero, el Secretario de Gobernación, los Servicios de Inteligencia del Estado y las Fuerzas Armadas con la cadena de mando que culmina en la Presidencia de la República tienen, al menos por omisión, una responsabilidad. No salvaguardaron la vida de sus ciudadanos, y la fuerza pública en custodia de los mismos violentó gravemente la Ley de comprobarse su participación activa en las ejecuciones y desapariciones.
Agregamos que ante el Derecho de información, no se han pronunciado con una versión oficial de los hechos, ni han ofrecido una respuesta clara a las víctimas directas y a la ciudadanía en general, más allá de argumentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tal caso se halla dentro de "Asuntos internos" y asegurar trabajar para esclarecer lo sucedido. Estos esfuerzos no pueden significar el mero compromiso, sino la actuación directa y eficaz para la protección de las víctimas, familiares y testigos y la realización de la Justicia.
En caso de confirmarse la masacre de Tlatlaya y la Desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa se trataría de una de las violaciones de derechos humanos más graves de la administración de Enrique Peña Nieto, de serio repudio para la Comunidad Internacional y los ciudadanos de las Naciones como México adheridas a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se ratifica que estas violaciones a los Derechos Humanos, responsabilizan al Estado Mexicano y lo comprometen a la reparación, esclarecimiento, y Justicia de las víctimas y sus familiares.
Es de suma importancia aclarar que las violaciones de derechos humanos a los estudiantes de Ayotzinapa no son hechos aislados.
En México se cometen violaciones sistemáticas de derechos humanos que afectan a todo el país y la seguridad de las y los mexicanos. Tan solo en Guerrero los crímenes y desapariciones forzadas durante la “guerra sucia" continúan en la impunidad.
Peor aún, situaciones de violencia sistemática siguen vigentes en Guerrero. Asimismo, los operativos de búsqueda de los 43 estudiantes normalistas, permitieron encontrar fosas clandestinas con cuerpos que no corresponden a los estudiantes según los primeros hallazgos oficiales.
En México, el número de desapariciones es alarmante, ya que ascienden a más de 20 mil casos desde el año 2006 cuando inició la militarización en el país por la estrategia de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón.
Además, varios episodios de graves violaciones a los derechos humanos sacudieron el país. En el Estado de México, el 30 de junio de 2014, militares cometieron ejecuciones extrajudiciales contra 15 civiles; en abril del 2011 se encontraron 193 personas en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando en el Estado de Tamaulipas y en 2010, en la misma localidad, fueron asesinados 72 personas migrantes.
En 2011, miembros del crimen organizado arrasaron al municipio de Allende, Coahuila y secuestraron a 300 personas. Este hecho se ha mantenido en silencia y bajo encubrimiento oficial desde entonces.
Lo enunciado anteriormente son algunas de las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en el país, no son hechos aislados ya que se repiten constantemente y sistemáticamente
Reconociendo lo anterior, es de interés público, de las organizaciones y comunidad civil firmante repudiar, solidarizarse con las víctimas y exigir la verdad y la condena para los responsables.
Manifestamos nuestra más profunda indignación.
Exigimos la presentación inmediata de los 43 estudiantes.
Llamamos a la ciudadanía a manifestar públicamente su indignación y a mantener viva la memoria.
